Caso Loan: el Tribunal Federal rechazó el cambio de fecha y suben la recompensa por datos 

LA SEMANA PASADA SE LLEVÓ A CABO LA AUDIENCIA PRELIMINAR.  

El caso de Loan Danilo Peña, el niño cuya desaparición en el paraje Algarrobal de Corrientes mantuvo en vilo al país desde el 13 de junio de 2024, atraviesa una semana de definiciones judiciales cargadas de tensión y renovados esfuerzos institucionales para romper el silencio que rodea su paradero. En las últimas horas el escenario jurídico se vio sacudido por la decisión del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Corrientes, que rechazó un pedido de la querella para adelantar el inicio del juicio contra los 17 acusados, consignaron ayer fuentes judiciales. Esta negativa judicial coincide con una medida de alto impacto por parte del Poder Ejecutivo: el Ministerio de Seguridad de la Nación oficializó un incremento sustancial en la recompensa para quien aporte datos fidedignos sobre el menor, elevando el monto a 20 millones de pesos.

La controversia judicial se desató cuando los abogados que representan a la familia de Loan solicitaron formalmente que el debate oral y público comenzara el próximo 8 de mayo. La elección de esa fecha no era casual ni técnica, sino profundamente simbólica, ya que ese día el niño cumpliría años. En el escrito presentado ante el Tribunal, la querella argumentaba que la fijación de esta fecha respondía a la singularidad del caso y a la necesidad de terminar con la persistente incertidumbre que rodea el paradero de la víctima, apelando al deber de protección reforzada que el Estado debe garantizar cuando se trata de los derechos de un menor de edad.

Además del simbolismo de la fecha, la representación legal de la familia Peña exigió un cronograma de trabajo exhaustivo que contemplara al menos 40 jornadas consecutivas e ininterrumpidas de audiencia. El pedido incluía la habilitación de días y horas inhábiles, e incluso del período de feria judicial si fuera necesario, con el objetivo de asegurar el cumplimiento de los estándares constitucionales de plazo razonable y tutela judicial efectiva. Sin embargo, la respuesta de los magistrados Fermín Amado Ceroleni, Eduardo Ariel Belforte y Simón Pedro Bracco fue lapidaria. El Tribunal calificó la petición como impertinente y ratificó que la organización de las diligencias depende exclusivamente de la agenda jurisdiccional de la judicatura y de los jueces de otros tribunales que integran el cuerpo, dada la compleja conformación del tribunal con jueces provenientes de Formosa y Río Negro.

Esta negativa profundiza el malestar que ya se había manifestado durante la audiencia preliminar, cuando el juez Ceroleni informó que la fecha estimativa para el inicio del juicio sería recién el 7 de octubre de 2026. Aquel anuncio generó una reacción unánime de rechazo no solo en la querella, sino también en la fiscalía y en parte de los defensores de los acusados, quienes ven en la dilación del proceso un obstáculo para el esclarecimiento de los hechos. Ante las sucesivas apelaciones, el Tribunal se encuentra en una etapa de revisión de su calendario, aunque por el momento mantiene su postura de no ceder ante las presiones simbólicas o logísticas de las partes.

En paralelo a la disputa en los tribunales, el Gobierno nacional ha decidido jugar una carta económica para reactivar una investigación que ya suma más de un año y medio sin novedades sustanciales. A través de la Resolución 51/2026, el Ministerio de Seguridad de la Nación actualizó la recompensa del Programa Nacional de Recompensas a 20 millones de pesos. Esta suma está destinada a aquellas personas que, sin haber intervenido en el hecho delictivo, brinden información útil y verificable que permita localizar a Loan. La medida busca incentivar a posibles testigos o personas con conocimiento del círculo íntimo de la desaparición a que rompan el pacto de silencio, garantizando para ello el anonimato y la reserva de identidad a través de la línea gratuita 134.